La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó este viernes que quedó sin efecto el paro previsto por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) tras la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria.

La medida de fuerza, que amenazaba con paralizar vuelos internacionales y de cabotaje este fin de semana, respondía a reclamos salariales y denuncias de despidos en el sector.

“Queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de la Argentina, todos los días y en todas las franjas horarias”, señaló la EANA en un comunicado.

El sindicato, encabezado por Paola Barritta, había advertido que la empresa no ofreció ningún aumento y pretendía cerrar la paritaria 2024/25 tras más de ocho meses sin actualización de haberes.

El plan de lucha anunciado incluía paros escalonados desde el 27 al 31 de mayo, con impacto creciente hasta alcanzar a toda la aviación nacional. ATEPSA también denunció despidos “ilegales” de controladores y técnicos, la desarticulación de áreas clave y el posible cierre del centro de formación profesional, en un contexto de creciente tensión con las autoridades.

En paralelo, el conflicto sindical se potencia por el decreto 340/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que reglamenta el derecho de huelga en servicios esenciales como transporte, salud y educación. La norma —firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete— exige garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento durante las medidas de fuerza, lo que fue rechazado por la CGT, que anticipó una ofensiva judicial y denuncias internacionales.

“El Gobierno le teme al diálogo y vulnera derechos fundamentales”, sostuvo Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera. El dirigente remarcó que las disposiciones del artículo 97 del DNU 70, base del nuevo decreto, siguen suspendidas por la Justicia. Por ello, la CGT ya trabaja en una nueva presentación ante la OIT y analiza estrategias legales para frenar la aplicación del decreto.

La resolución del conflicto aéreo en el corto plazo aleja el riesgo inmediato de cancelaciones masivas de vuelos, pero no resuelve el trasfondo político y sindical, que se agudiza frente al avance del Gobierno sobre normativas laborales históricas