Un sector de los gobernadores alineados con el peronismo garantizará al presidente Javier Milei la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, confirmaron su respaldo a la votación en general, lo que asegura al oficialismo los votos necesarios para aprobar la ley de gastos. El acompañamiento se completaría con legisladores que integran el bloque Convicción Federal y eventuales apoyos del Frente Cívico de Santiago del Estero, lo que fractura la posición del interbloque de Unión por la Patria.

El respaldo será parcial. Los senadores que responden a Convicción Federal anticiparon que no acompañarán el artículo 30 del proyecto, que recorta fondos para Ciencia y Educación. Ese rechazo es compartido por todo el peronismo en la Cámara alta y se mantiene como el principal punto de conflicto en el tratamiento en particular. Aun así, cinco senadores confirmaron que votarán a favor del Presupuesto en general, una decisión que podría reducir el bloque opositor de Unión por la Patria de 28 a 21 integrantes en la votación.

El artículo cuestionado elimina de la Ley de Educación Nacional la meta de inversión del 6% del PBI, reduce partidas para la educación técnica y deroga normas que garantizaban incrementos progresivos en el financiamiento del sistema científico hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. También deja sin efecto mecanismos de financiamiento para la educación técnico profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. Todas las modificaciones entrarían en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026, lo que consolidó un rechazo transversal dentro del peronismo.

Durante el debate, varios senadores sumaron reclamos adicionales. Jorge Capitanich exigió la inclusión de obras públicas y fondos para emergencias eléctricas y tarifarias, además de la compensación del déficit previsional de 14 provincias. Eduardo “Wado” de Pedro denunció una caída del 93% en la inversión en escuelas técnicas desde la asunción de Milei. En la misma línea, Alejandra Vigo advirtió que el Presupuesto no cubre las deudas previsionales con las provincias, mantiene paralizadas las obras públicas y recorta en términos reales partidas sensibles como discapacidad, educación universitaria y salud.