La Cámara de Diputados aprobó con una contundente mayoría transversal de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones el proyecto para sancionar un régimen permanente de Discapacidad. La medida reemplazará a la prórroga de la Emergencia y pasará ahora al Senado para su conversión definitiva en ley.
El acuerdo se destrabó luego de que La Libertad Avanza aceptara retirar del texto los recortes planteados originalmente en el Presupuesto 2027, garantizando la preservación de los derechos adquiridos por el colectivo.
Ante la inminencia del vencimiento de la Emergencia en Discapacidad a fin de año, el oficialismo desactivó la resistencia opositora incorporando las exigencias planteadas por las organizaciones del colectivo y articuladas por bloques de la oposición, incluidos Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y espacios provinciales.
Las claves del nuevo régimen: pensiones, empleo y cobertura médica
La iniciativa aprobada no solo desecha el concepto restrictivo de “invalidez laboral” que el Poder Ejecutivo intentó aplicar semanas atrás, sino que blinda el esquema prestacional vigente y le otorga fuerza de ley permanente sin depender de prórrogas periódicas:
- Mantenimiento del haber: la Pensión No Contributiva por Discapacidad continuará equivaliendo al 70% de la jubilación mínima, con actualización automática ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Compatibilidad con el trabajo registrado: se ratifica que las personas titulares de pensiones que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantendrán el beneficio aunque consigan empleo formal o se inscriban en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Cobertura integral de salud: por exigencia de los bloques opositores, se garantizó la continuidad de la atención médica básica y especializada a través del programa Incluir Salud para todos los beneficiarios.
- Arancel unificado y deudas prestacionales: se sostuvo el nomenclador único nacional para obras sociales y prepagas. Además, la ley exige al Gobierno difundir un cronograma a 30 días y saldar las deudas pendientes con prestadores en un plazo no mayor a 90 días.
- Auditorías y debido proceso: se autorizan cruces de datos entre la Secretaría Nacional de Discapacidad, ANSES y el SINTyS para la fiscalización de beneficios, garantizando un procedimiento inclusivo de notificación y descargo previo a cualquier suspensión.
El amplio respaldo conseguido (superando los dos tercios en la Cámara baja) deja la norma a un paso de su sanción definitiva en el Senado, alejando la posibilidad de modificaciones o vetos por parte del Poder Ejecutivo.
Con información de Infobae y La Nación.