Human Rights Watch (HRW), una organización internacional de derechos humanos, publicó un informe sobre la relación del Gobierno y la Justicia y señala que se ha “socavado” el Estado de Derecho. El estudio hizo foco en el pedido de juicio político del presidente Alberto Fernández contra los miembros de la Corte Suprema.
Se trata de una publicación anual que analiza los acontecimientos del 2022 y brinda un panorama sobre la situación en América latina.
“La retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de magistrados y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, dice el informe.
La organización hace alusión a la iniciativa del mandatario para enjuiciar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte, y al proyecto de ley para ampliar de cinco a quince el número de miembros del máximo tribunal.
“El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales“, aseguró el estudio.
Tamara Taraciuk Broner, directora para las Américas de HRW, dijo a La Nación: “El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes. Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias“.
A su vez, sostuvo que “los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de derecho”.
El informe también menciona las causas judiciales que involucra a Cristina Fernández de Kirchner: “Investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.
La situación económica también es abordada en el análisis del país: “El Banco Central proyectó que la inflación podía superar el 100% en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas”.
“La crisis política potenciada por las dificultades económicas y la polarización ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos”, señala.
“Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de COVID-19, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”, añade.
A nivel regional, Human Rights Watch indica que existen varios abusos serios en la región, algunos con consecuencias globales, como la deforestación de la selva amazónica en Brasil. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, los regímenes opresivos cometen “aberrantes” actos contra críticos para silenciar el disenso.
América Latina y el Caribe, según esta organización, es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 cada 100.000 habitantes.
Fuente: Con información de La Nación e Infobae.