Lejos de tener diálogo con el Gobierno, los sindicatos de pilotos decidirán este jueves la profundización del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales. El último paro, considerado como “salvaje” por el Gobierno nacional, terminó provocando pérdidas millonarias en Aerolíneas Argentinas y afectó a 37 mil pasajeros debido a la paralización total de la actividad en Aeroparque y en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Este jueves, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) llevarán adelante, por separado, asambleas de trabajadores para resolver si continuarán y de qué forma con las medidas de fuerza.  

“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, señaló un dirigente gremial del sector aeronáutico a Infobae.

Con respecto a las posibilidades, la principal medida que se bajara por parte de los sindicatos es otro paro de actividades en forma inmediata. De concretarse esta medida podría efectuarse este mismo fin de semana, pero todo depende de lo que se logre alcanzar en la asamblea del jueves por la tarde.  

Otra de las variantes que se analizan es paralizar las tareas en los centros de capacitación. Esto traería como consecuencia una dificultad del servicio en cierto plazo, porque no habrá personal que tenga la revalidación de sus permisos para trabajar.

La decisión y agravamiento del conflicto de los sindicatos aeronáuticos se da en el marco de la aplicación por parte del Gobierno nacional del decreto de Javier Milei para contrarrestar los paros.

La norma declaró oficialmente como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial y, por lo tanto, obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con 5 días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.

En cuanto a APLA como AAA no dudaron en salir al cruce del decreto, asegurando que irán a la Justicia para impugnar dicha norma: “Atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

“Es ilegal e ilegítima la medida que dispuso el Gobierno. Vamos a ir a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, concluyó el titular de APLA, Pablo Biró.