El presidente Javier Milei ya cuenta con el avión presidencial Boeing 757-256, luego de que culminara con sus trabajos de reparación y consiguiera su habilitación para volar. El punto en cuestión es que las refacciones realizadas a la aeronave habrían superado el presupuesto inicial, alcanzando un costo cercano a los 3,5 millones de dólares.

Este sábado, el Boeing 757-256 regresó al sector militar del Aeroparque (AMA) tras pasar casi dos meses en un taller de Miami para un chequeo integral.

No obstante, en Casa Roasda han evitado brindar detalles sobre el monto exacto asignado al denominado “1C-Check”, una inspección obligatoria que todas las aeronaves deben realizar periódicamente tras un determinado tiempo de uso.

De este modo, Milei podrá utilizar el avión presidencial para sus dos primeros viajes en 2025. En enero, el líder de La Libertad Avanza viajará a los Estados Unidos para presenciar la asunción de Donald Trump como presidente del país norteamericano. Luego partirá hacia Suiza para participar del Foro Económico de Davos.

Entre las tareas realizadas se incluyó la reparación de la sección frontal de las turbinas y la actualización del sistema de geolocalización de la aeronave. Según el pliego de la licitación, los costos de materiales, mano de obra y tiempos de ejecución debían ser cubiertos en su totalidad, dejando abierta la posibilidad de que el gasto final excediera el presupuesto original.

En septiembre de 2023, la empresa Commercial Jet se adjudicó la licitación para realizar los trabajos en el Boeing 757-256. Esta aeronave fue adquirida en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández por aproximadamente 25 millones de dólares.

Cabe destacar que la misma empresa estuvo involucrada en una controversia por un supuesto intento de “direccionamiento” de una licitación, un hecho que en agosto de este año derivó en la destitución de una funcionaria de la Secretaría General de la Nación, a cargo de Karina Milei.

En este contexto,  en el Ejecutivo analizan la posibilidad de vender la aeronave, ya que lo consideran “un lujo” que tiene el Estado. Esta situación, sumada al elevado costo de las refacciones, podría generar cuestionamientos en un escenario de tensiones políticas y económicas.