Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, se presentará este martes ante la Justicia para declarar sobre la causa por defraudación al Estado por presuntos desvíos de fondos del programa Potenciar Trabajo. También, se lo acusa por extorsiones y amenazas a beneficiaros de planes sociales para que asistan a marchas, actos o actividades que realizaba el movimiento social.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita son los encargados de llevar la investigación judicial que tiene a Belliboni como principal acusado. Según las pruebas constatadas por la Justicia, miembros del Polo Obrero desviaban fondos del Potenciar Trabajo mediante facturas “truchas” emitidas a empresas relacionadas con el círculo cercano al dirigente social.
Entre 2020 y 2023, la Asociación Civil Polo Obrero recibió más de 360 millones de pesos destinados a la compra de herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. De ese monto, la entidad no rindió al Estado un monto superior a los 81 millones.
Por este motivo, el Ministerio de Capital Humano acusó al Polo Obrero frente a la Justicia de no rendir las cuentas necesarias. La cartera que lidera Sandra Pettovello intimó en cinco oportunidades al Polo Obrero para que presente la documentación solicitada. Entre ellos, figuran comprobantes de 48 y 24 millones de pesos en gastos no declarados.
La principal teoría que maneja la Justicia es que Belliboni habría utilizado esas partidas para financiar parte de la campaña electoral de 2023. La hipótesis surge luego de que el PO transfiriera, en reiteradas ocasiones, a una red de empresas investigadas por hacer facturas adulteradas para justificar gastos inexistentes.
La lista de compañías empieza por Coxtex que en noviembre de 2020 fue declarada por la AFIP como apócrifa. También está la imprenta Rumbos, ligada al espacio político de Belliboni, fue fundada en 2017 por Christian “Colo” Rath, histórico dirigente del PO ya fallecido, y por Roberto Adrián Albornoz. Hasta el momento, la investigación judicial comprobó facturas por 5 y 20 millones de pesos.
Otras dos firmas que son investigadas son Urban Graphics S.A. y Rico Print, a las que el Polo Obrero dijo haberles comprado elementos y contratado por 10 millones de pesos. La primera empresa mencionada le endosó un cheque a Rumbos por cerca de dos millones después de haberle facturado más de 5 millones al PO.
Luego aparecen otras compañías como Makosen, dedicada a la publicidad, y Miniso Trade SRL, encargada de realizar software que tiene vínculos directos con las otras empresas investigadas. Por último figura un proveedor llamado Carlos Osvaldo Monfrini, al que se le alquiló equipos de handies por más de un millón de pesos. Luego, esta persona endosó un cheque en favor de Rumbos.