BUENOS AIRES (DYN). La ex ministra de Salud Graciela Ocaña denunció ayer que los recursos de las obras sociales, como los del gremio de Camioneros, que dirige Hugo Moyano, “van a parar al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales”. En tanto, desde el Gobierno, el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, confirmó la decisión del oficialismo de aumentar 30 por ciento los recursos para las obras sociales, al asegurar que el incremento “no tiene relación alguna” con diferencias entre los sindicatos, y prometió que “habrá estrictas auditorías” sobre esos recursos.

    Ese proyecto oficial, por otra parte, fue cuestionado por la UCR, cuyo titular, Gerardo Morales, pidió “controlar qué hacen las obras sociales con esos fondos”. Para Ocaña, “es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante”. La ex funcionaria kirchnerista se refirió así a la posibilidad de que el Gobierno eleve 30 por ciento el monto mínimo garantizado por cada beneficiario, mediante un fondo superior a los 3.000 millones de pesos. Según publicó ayer el diario Clarín, el Gobierno tomó la decisión, que no fue oficializada por el momento, en medio de la disputa que surgió en los últimos días entre el sindicalismo peronista y algunas agrupaciones gremiales de izquierda.

    De acuerdo a la nota, “el guiño consiste en aumentar casi 30 por ciento a partir de diciembre el piso mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario, debido a que creció más de lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía”. Ocaña, al respecto, manifestó que “se ha buscado este atajo, que es aumentar el monto y vaya a saber qué otras cuestiones, porque solamente con este 30 por ciento no van a poder redistribuir este fondo, que era siempre la aspiración de Moyano”.

    Bellagio, por su parte, cuestionó a “quien quiera ver un favoritismo” hacia cualquier gremio por entender que de esa forma “está politizando” una medida que “tiende exclusivamente a mejorar la calidad de atención de los beneficiarios”. El funcionario del área sanitaria explicó que, “en realidad, no veo relación alguna con una supuesta interna sindical”, y señaló que la medida “es una actualización que se hace todos los años, no es algo puntual”, comentó.