Con el dirigente piquetero Luis D’Elia a la cabeza, el bloque más duro del kirchnerismo continúa los aprestos para la marcha con la que pretende hacer un embate en contra de la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero.
La convocatoria fue organizada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, y apoyada por el sector más combativo del oficialismo.
De hecho, hasta el momento, nadie de la Casa Rosada cuestionó el armado de la manifestación contra uno de los poderes del Estado, con una proclama que deja en claro que el objetivo es echar a los cuatro jueces que integran el tribunal.
Es más: el declaraciones periodísticas, el presidente Alberto Fernández cuestionó a la Corte y sugirió un tibio apoyo a la marcha que, para la oposición, en un claro intento de golpe de Estado y un peligro para la vida institucional del país.
La Corte Suprema de Justicia la componen Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti. Existe un lugar vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Contrariamente a lo manifestado en anteriores ocasiones, Fernández no descarta un proyecto para ampliar la cantidad de ministros.
Causas de corrupción
Diferentes nombres vinculados al kirchnerismo, que tienen medidas judiciales pendientes, han presentado más de 80 recursos en la Corte Suprema para revocar causas de corrupción en las que están implicados.
El máximo tribunal tiene que fallar sobre casos que involucran tanto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
La intención de esta ola de presentaciones es anular expedientes de causas de corrupción como los cuadernos de las coimas y el direccionamiento de la obra pública en Sata Cruz.
En la casua “cuadernos” se investiga el pago de coimas millonarias de parte de empresarios de la obra pública, viales y de la energía a funcionarios kirchneristas para asegurarse contratos del Estado. En este expediente, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”.