La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este domingo citar a declaración testimonial al supuesto amigo del agresor de la vicepresidenta Cristina Kirchner que, en declaraciones televisivas, lamentó que el detenido no hubiera ensayado antes de concretar el ataque, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Mario, un hombre que en una entrevista al canal Telefé se presentó como amigo de Fernando André Sabag Montiel y dijo: “Su intención era matarla, lamentablemente no ensayó antes”.
La medida es una de las tantas tomadas por los investigadores y apunta, entre otras cosas, a saber si la acción fue planificada o, cuanto menos, comentada previamente por el agresor con su entorno.
Por otra parte, también fueron convocados a brindar su testimonio los peritos de la Policía Federal que analizaron el teléfono celular que tenía en su poder el acusado y que aún no se pudo abrir porque quedó bloqueado y “reseteado de fábrica”, por lo que podría perderse información clave para la investigación de la causa.
Ante esta situación, los técnicos deberán explicar por qué se borraron los datos, aunque se confía en que parte de esa información puede ser recuperada.
En tal sentido, funcionarios y legisladores del oficialismo exigieron “respuestas” a la Justicia ante las versiones de que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular Sabag Montiel.
Así las cosas, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.
Además, Capuchetti le pidió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, explicaciones sobre los protocolos que debían aplicar los custodios de la vicepresidenta, que dependen de la Policía Federal.
También le requirió a la cartera de Seguridad que remita la nómina completa de los custodios que estaban trabajando la noche del hecho y que informe si se iniciaron actuaciones administrativas luego del intento de atentado contra la expresidenta.
Por estas horas, la Justicia y los investigadores policiales trabajan sobre el contenido de las cámaras de seguridad públicas y privadas recogido en el marco de la causa para intentar determinar si el agresor compartió su trayecto o se encontró con alguien más en el camino hacia la casa de la vicepresidenta.
Entre las medidas dispuestas, la jueza aguarda las pruebas de ADN realizadas sobre arma Bersa calibre 32, señalaron fuentes del caso.
Por otra parte, fuentes judiciales detallaron que para confirmar que el arma estaba apta para el disparo, los peritos que intervinieron realizaron una prueba, con una de las balas que estaban en el cargado, sobre un banco de agua, para poder recuperar el proyectil.