El fallo de la Corte Suprema de Justicia por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires ha generado expectativa política aunque ya expiró el decreto que impulsó la acción judicial y se inició otro con más restricciones. Pero hay señales que emiten desde el máximo tribunal y en este caso a favor de Horacio Rodríguez Larreta: avalaría la autonomía de CABA. 

Por estas horas, los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco preparan la resolución ante la presentación que hizo el gobierno porteño cuando Alberto Fernández decretó que, por dos semanas, no habría clases presenciales en el AMBA para bajar los contagios. Mientras Horacio Rodríguez Larreta decidió no acatar, su par bonaerense Axel Kicillof sí decidió hacerlo.

El fallo se daría a conocer este martes, según indicaron fuentes allegadas a la Corte. Pero el dictamen tendría votos diferenciados: uno de Rosenkrantz, uno de Lorenzetti y, por último, uno que integra a Rosatti y Maqueda. Estos tres votos respaldarían la autonomía porteña.

En tanto, Highton de Nolasco no votaría, ya que consideró inicialmente que no era un tema que debía tratar la Corte.

Pero falta saber cuál será el alcance que tendrá esta resolución del tribunal y cómo impactará sobre la suspensión de las clases presenciales.  

Aunque este decreto ya se venció, y la Nación publicó otro con nuevas medidas pero la misma postura ante las clases, se espera que la Corte fije los criterios tanto para la Casa Rosada como para el gobierno de CABA sobre las facultades en medio de la pandemia. 

La semana pasada, el procurador general de la Corte, Eduardo Casal, en un dictamen no vinculante consideró que el DNU que suspendía las clases presenciales era inconstitucional ya que el decreto no fundamentaba que la presencialidad era la causa del agravamiento de los contagios en el distrito porteño.

“Entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, afirmó Casal.