Mientras el bloque oficialista concurrirá mañana al debate de la Cámara de Senadores con un dictamen idéntico al aprobado dos sábados atrás en Diputados, la oposición presentó cuatro dictámenes que se incorporarán a la agenda del Senado sólo si en la primera votación el proyecto oficialista es derrotado en la sesión del miércoles (ver página 4). En líneas generales, la iniciativa oficialista establece un régimen segmentado de compensaciones para pequeños y medianos productores que implicaría valores fijos de retenciones del orden del 30 y el 35 por ciento.
El proyecto mantiene las retenciones móviles pero si el pago de los reintegros se concreta en el plazo de 30 días hábiles (hasta ahora es de 60 días), al recibir el reembolso, quienes produzcan y comercialicen hasta 300 toneladas anuales de soja y girasol tendrán cargos del orden del 30 por ciento, cinco puntos menos de lo que se pagaba hasta el 11 de marzo.
Para el caso de los productores de entre 301 hasta 750 toneladas anuales, tras el reintegro quedarán en valores de retenciones de 35 por ciento, mientras para los que llegan a 1.500 toneladas, las primeras 750 toneladas, siempre después de las compensaciones, será de 35%, y el resto sí quedará sujeto a la aplicación volde las alícuotas de las retenciones móviles. En tanto, ayer al mediodía se cerró el período de admisión de proyectos y quedaron registradas cuatro iniciativas opositoras: una suscripta por los justicialistas santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre, otra de los radicales K Pablo Verani y María Sánchez, una tercera promovida por una convergencia de la UCR-Coalición Cívica, disidentes del justicialismo y Fuerza República de Tucumán y, finalmente, una cuarta de Juan Agustín Pérez Alsina.
El proyecto UCR-CC establece derechos de exportación a la soja y el girasol en 20 por ciento y al trigo y el maíz en 15 por ciento y contempla el derecho progresivo y segmentado para grandes productores de estos granos, que sería retenido por los operadores de granos en el momento de la primera venta, pero no establece ningún tipo de compensaciones. Esa iniciativa toma, además, la propuesta de Reutemann y Latorre de reducir 10,5 por ciento de la alícuota del impuesto al valor agregado de semillas, herbicidas e insecticidas, como herramienta para disminuir los costos de los insumos utilizados en los cultivos.
Los justicialistas Reutemann y Latorre, en tanto, propusieron derechos fijos para el trigo, el maíz (22 por ciento) y el girasol (30 por ciento), aunque mantienen el esquema móvil para la soja (con alícuotas crecientes a medida que aumenta el precio FOB). El proyecto de Verani y Sánchez, por su lado, ratifica la resolución 125 pero exime del pago de derechos de exportación a los productores de soja de menos de dos mil toneladas. La iniciativa engloba como pequeños y medianos productores, exentos de retenciones, a quienes comercian hasta 2.000 toneladas de soja por cosecha y establece un tope para el maíz de 4.000 toneladas, para el trigo hasta 2.000 y para el girasol 1.500.
En cambio, para productores más grandes dispone un arancel máximo de 49 por ciento. Pero la alícuota diferencial tendría un techo de 55 por ciento –en el proyecto del Poder Ejecutivo llega a 95–, elimina el sistema de reintegros y crea un fondo especial de promoción agropecuaria y redistribución social, coparticipable entre las provincias. El proyecto de los senadores K ratifica la media sanción de la Cámara Baja, que mantiene los niveles de las retenciones móviles establecidas en la polémica resolución 125, pero crea un sistema de reintegros para pequeños y medianos productores que, de concretarse, dejaría valores fijos de retenciones del orden del 30 y el 35 por ciento. Finalmente, Pérez Alsina propone establecer derechos de exportación después de una zonificación de las provincias argentinas, con valores diferenciales, para favorecer el desarrollo de las economías regionales.