A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó del cierre de los 59 Centros de Referencia, los organismos que en cada provincia funcionaban como delegaciones locales de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al mismo tiempo, decidió desarticular 300 Unidades de Gestión que funcionaban por el plan Potenciar Trabajo. El argumento de la fuerte medida de ajuste es que “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado“.

La medida, según indicaron desde Capital Humano, permitirá un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales para el Estado nacional.

La decisión también impactará en el personal: la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello tiene previsto despedir a unos 600 empleados. En esa área calculan que el costo de los salarios del personal llegaba a los 4 mil millones de pesos por año.

También el ahorro va por los alquileres, puesto que aseguran desde Nación que en este apartado serán 88 millones de pesos al mes que no se pagarán más. De igual manera con los vehículos oficiales que tiene cada repartición: afirmaron que darán de baja 50 autos, lo que involucra a un gasto de 20 millones de pesos por año.

Uno de los principales argumentos para disolver estas estructuras es que “reciben muy pocas consultas por día, no resuelven el trámite y sólo derivan a la gente a otro organismo“. Por contrapartida, desde Capital Humano explicaron que ahora esos trámites serán digitales y que habrá una línea de atención telefónica (0800-222-3294) para contactarse con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Los CDR son espacios de gestión que se encuentran en diferencias provincias, que están integrados por profesionales de las Ciencias Sociales -sociólogos y trabajadores sociales- y que trabajan vinculados a los gobiernos locales.

La fuerte medida se complementa a su vez con la quita de los intermediarios en los planes sociales. En este caso, Capital Humano disolverá 300 Unidades de Gestión que, según graficaron desde la cartera social, le implicaban al Estado unos 24 millones de dólares anuales.

Estas unidades eran las responsables de controlar las contraprestaciones de los beneficiarios de la asistencia social, como el Plan Potenciar Trabajo, que también será dado de baja, según se anunció la semana pasada.

Esta iniciativa es un golpe directo a los movimientos sociales y piqueteros que administraban listas y planes de manera directa con el Gobierno, en la anterior gestión kirchnerista.

A su vez, el recorte en el área social de estas áreas burocráticas se produce en el mismo día en que el Gobierno nacional avanzó sobre la agencia de noticias Télam.