Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan incorporar en un nuevo pedido de decomiso el departamento de Constitución donde Cristina Kirchner cumple la pena de seis años dictada en la causa Vialidad. Sería parte de una segunda tanda de bienes a ejecutar, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 ordenara la semana pasada confiscar más de 100 propiedades vinculadas a Lázaro Báez y a la familia Kirchner.
El posible avance sobre la vivienda de la expresidenta abre una nueva controversia en el expediente. El inmueble -232 metros cuadrados adquiridos en 2010 por Hotesur, la firma que actualmente manejan Máximo y Florencia Kirchner- está bajo estudio de la fiscalía, que analiza si lo incorpora como bien derivado del presunto circuito ilícito investigado, informó lanacion.com.ar.
Las defensas rechazaron el movimiento y sostienen que la fiscalía no acreditó un vínculo directo entre cada propiedad y los delitos que motivaron la condena. Cristina Kirchner pidió anular la ejecución de los bienes ya alcanzados y cuestionó la metodología utilizada para calcular el monto del decomiso, especialmente sobre bienes adquiridos antes de 2009, cuando firmó el decreto que -según el fallo- la vinculó a la maniobra investigada.
Sus hijos, Máximo y Florencia, también impugnaron la medida. Alegaron que no pueden ser incluidos porque no fueron condenados y los bienes que recibieron fueron transferidos por su madre en 2016. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el decomiso puede alcanzar a terceros no condenados si se trata de bienes considerados producto o provecho indirecto del ilícito.
El TOF 2 fundamentó su decisión en que no se requiere una trazabilidad exacta de cada propiedad, sino acreditar coincidencias temporales y una razonabilidad económica que permita inferir que los activos derivan del esquema investigado. Incluso mencionó a Néstor Kirchner, ya fallecido, al señalar que su participación histórica en negocios con Báez justifica que sus bienes heredados ingresen al proceso.
Tras la orden del tribunal, la Corte Suprema quedó a cargo de inventariar, tasar y definir el destino de los más de 100 bienes ya decomisados, entre ellos 50 propiedades de Báez y un terreno de Cristina Kirchner en El Calafate.
Si esos activos no alcanzan para cubrir el monto fijado, los jueces anticiparon que avanzarán sobre las propiedades del resto de los condenados y, eventualmente, sobre nuevos bienes en estudio, como el departamento de Constitución.