La Policía Federal allanó en la noche de este lunes la casa del broker Héctor Martínez Sosa, por orden del juez federal Julián Ercolini, vinculado al ex presidente Alberto Fernández, en el marco de la investigación por el escándalo de la contratación de seguros a través de créditos para jubilados en la Anses.

El operativo se realizó en el domicilio del empresario investigado que tiene en San Fernando, en tanto, el ex mandatario presidencial se encuentra de viaje en México.

El operativo se replicó en la casa de Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, la entidad del Banco Nación por donde se realizaban las operaciones. Y también del intermediario Pablo Torres García. Los tres están imputados por el delito de administración fraudulenta.

Según detallaron medios nacionales, los uniformados realizan una inspección en la vivienda de Martínez Sosa, que está casado con María Cantero, la histórica secretaria de Fernández. También estuvo el abogado del matrimonio, para mantenerse al tanto de las instancias del allanamiento. La PF buscó documentación y soportes electrónicos vinculados a la causa, que puedan contribuir a la investigación.

El procedimiento judicial ordenado por Ercolini se encuentra en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros que destapó un sumario interno de la Anses, por los que intermediarios percibían comisiones por arriba de las cifras que establece el mercado.

Uno de los principales señalados es precisamente Martínez Sosa. La sospecha que desató la investigación administrativa ordenada por Osvaldo Giordano, que fue echado del Gobierno nacional, es que la intervención de brokers privados era innecesaria y hasta forzada en algunas circunstancias.

Martínez Sosa figura en el registro de ingresos a la Quinta de Olivos en ocho oportunidades, al menos, durante el mandato de Fernández. Las citas duraban varias horas, reveló la documentación oficial.

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para ser parte del expediente, a través del Ministerio de Capital Humano, contra los responsables de la anterior gestión de Anses, por el posible delito de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico e influencias, junto a malversación de caudales públicos.

En este caso, la denuncia apunta contra el ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Federico D´Angelo Campos, por haber avalado las contrataciones de los intermediarios.

Las operaciones comenzaron en 2021, cuando el Gobierno nacional resolvió que todo préstamos para jubilados debía contratar un seguro de vida. Esto se hizo a través de Nación Seguros, que a su vez contrataba a empresas privadas, de acuerdo con la presentación de la abogada Silvina Martínez. Se estima que hubo operaciones por más de 20 mil millones de pesos anuales y se pagaron 300 millones de pesos en comisiones a brokers privados.

Con información de Infobae y Clarín.