El presidente Alberto Fernández reconoció el fracaso de los controles de precios para contener la suba de alimentos y deslizó la posibilidad de volver a intentar una expropiación o una fuerte intervención estatal con la concursada cerealera Vicentín, con el objetivo de tener “una empresa del Estado que ordene el sector”, similar a lo que ocurre con YPF en el rubro de los combustibles.

“El problema existe, no me hago el distraído y asumo la realidad”, respondió el jefe de Estado al ser consultado sobre los precios de los alimentos y la inflación.

“Trabajo todos los días para resolver eso en un escenario de enorme complejidad y en un escenario interno donde son pocos los que solidariamente dicen: ‘vamos a ayudar a arreglar las cosas’. Como peronista que soy, considero que nadie se realiza en una comunidad que no se realizan todos. Y ellos apuntan a lograr que la sociedad argentina no se realice”, señaló en diálogo con Página 12.

En lo que respecta al diálogo con el sector privado, Fernández dijo que “hay empresarios que ganan demasiado y hacen padecer a la gente”.

“Yo veo que el diálogo no funciona, pero los sistemas de fijación de precios tampoco funcionan. Las dos cosas son ciertas. En la Argentina hay dos presidentes que aplicaron la Ley de Abastecimiento: Perón y yo. He aplicado multas a diestra y siniestra, y no pararon los aumentos. El mecanismo tiene que ser buscar el consenso”, remarcó.

“No pretendo que pierdan, pero pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor final no pierda tanto. Esto es algo que parece imposible en Argentina, porque se ha difundido cierta cultura del individualismo donde se dice: es mi tiempo, es mi oportunidad. Yo la aprovecho”, pidió. 

El proyecto de Vicentin

Por otra parte, Fernández se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario y dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con “un escenario más favorable” que el que existía en el inicio del proceso.

“Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. Porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, dijo el jefe de Estado a Página 12.

“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde, y yo no quiero hacer eso”, indicó el mandatario.

Antes de que se conociera la intervención de la Corte, Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, comentó que habían rechazado una nueva propuesta de pago por parte de compañía agroindustrial de US$20 millones.

La propuesta de la empresa, que entró en default en diciembre de 2019 con una deuda de US$1.500 millones, ofrece el pago en efectivo de US$297 millones. De ese monto, US$170 millones serían en efectivo a razón de US$30.000 para cada acreedor.

Mientras tanto, se dilata el paso de manos de la que fue una de las líderes en procesamiento. En esa situación hay interesados que dan marcha atrás como ya sucedió con Molinos agro. Siguen firmes, hasta ahora, Bunge, la cooperativa ACA y Viterra, la ex Glencore.

“El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, dijo el presidente.

Fernández dijo que en su momento decidió retroceder con la estatización de Vicentin ante la posibilidad de que una decisión en tal sentido “podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable”. “Ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”, completó.

“Estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, agregó.