La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró hoy inconstitucional parte de una ley que en octubre de 2011 consideró que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en el país (1973-1985) no prescriben, con lo que se obliga a cerrar las causas que estaban abiertas.

Esa resolución del máximo órgano judicial fue tomada por decisión de cuatro de sus cinco ministros, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, en la edición electrónica del diario local “El País”.

Explicó que a partir de ahora las causas judiciales abiertas contra policías o militares por presuntos delitos cometidos durante la dictadura en Uruguay deberán ser archivadas, al entenderse que los mismos prescribieron.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia causó decepción entre miembros del gobierno y fuerzas sociales, que convocaron mediante las redes sociales a una movilización “en silencio”, hoy, en una plaza en el centro de Montevideo.

“Dolor por inconstitucionalidad”, escribió en su cuenta de Twitter Mónica Xavier, senadora y presidenta de la gubernamental coalición de izquierdas Frente Amplio.

El fallo declara inconstitucionales los dos primeros artículos de la ley 18.831, promulgada el 28 de octubre de 2011, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad.

El principal argumento en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente.

La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones de los derechos humanos en la dictadura, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de izquierdas Frente Amplio, aunque algunos de sus dirigentes la resistieron. Cerca de una decena de militares y policías fueron encarcelados por sus responsabilidades en esos crímenes.

La ley también fue cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares (en 1986 y 2009) en favor de una ley que a la salida de la dictadura uruguaya amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.