¿Libertad responsable o derecho de admisión? Uruguay está ante un cruce de caminos después de que el Gobierno autorizara un aumento de aforo en recintos que exijan certificado de vacunación contra la covid-19, un pase sanitario encubierto que iría contra el lema de Luis Lacalle Pou en esta crisis.

Muy atrás quedó el llamado constante de las autoridades a la confianza en los uruguayos, cuando evitaron establecer duras medidas de confinamiento -pese al elevado número de muertes y contagiados-, debido a que cada ciudadano sabía qué debía hacer para cuidarse y era libre de tomar la decisión más adecuada, incluso vacunarse o no.

Ahora, la llegada masiva de vacunas, el descenso de casos y el gran porcentaje de personas (un 65%) con la pauta de inmunización completa han llevado a las autoridades a liberar actividades y comenzar un lento camino hacia la ‘vieja normalidad’.

Sin embargo, el requisito de que sean los gestores privados (dueños de gimnasios, promotores de conciertos, etc.) quienes deban filtrar la admisión para poder conseguir un aforo mayor les pone en un brete.

“Nosotros rechazamos esta medida porque no podemos ser exigidos a tomar una medida en la que no tengamos respaldo legal; no hay un marco jurídico que respalde esta medida”, dice la presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (Cuga), Lourdes Rapalin.

En concreto, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) anunció días atrás que se autoriza a incrementar al 65% el aforo en gimnasios, recintos cerrados y piscinas a todos los centros que permitan el ingreso solamente a personas con dos dosis de la vacuna contra la covid-19 y 14 días pasados de la segunda.

“El certificado de vacunación forma parte de la historia clínica de cada persona y, en su libertad, cada persona puede optar por darte o no el certificado porque se basa en la Ley de Confidencialidad de Datos. No están obligados a presentar absolutamente nada y menos algo que es personal y no es obligatorio“, explica Rapalin.

Asimismo, la presidenta de Cuga considera que, al tratarse de un comunicado de la SND y no de un decreto, las empresas no cuentan con respaldo. “Estamos atacando la integridad de la persona. Estamos involucrándonos en algo personal, como es su salud, y puede ser considerado como discriminación”, resalta.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Martín Risso dijo a VTV Noticias que es “un disparate” creer que alguien puede denunciar por discriminación a un centro deportivo por exigir ingreso solo a vacunados.

“Cuando distinguimos entre vacunados o no vacunados, eso no es incitación al odio. Invocar ese riesgo está mal, porque no existe. Si alguien presenta eso, no va a prosperar”, enfatizó.