Chile militariza la frontera con Bolivia y Perú para frenar el paso ilegal de inmigrantes. El despliegue comenzará el lunes, luego de un Decreto con Fuerza de Ley del Gobierno de Gabriel Boric, donde se establece que la labor de los soldados durará 90 días y se extenderá a las norteñas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El objetivo es respaldar el accionar de la Policía en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas. Las Fuerzas Armadas realizarán controles de identidad y detendrán a aquellos que entren o salgan por pasos de frontera no habilitados. Los detenidos serán entregados a la policía local.
El decreto fija el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos, y sostiene que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, que provocó “la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados”.
El paso más utilizado es el de Colchane, en el límite con Bolivia, donde murieron decenas de personas durante los últimos años al cruzar el desierto. Hace un año, el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de ese lugar.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos.
La medida no fue bien recibida entre las autoridades de la zona, que adelantaron que no solucionará la cuestión migratoria y reclamaron otras disposiciones que sí permitan hacer frente a este problema.
El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentó: “Yo creo que va a ser muy complejo que la medida funcione. Yo espero que sí, tengo la máxima esperanza de que suceda bien, pero será muy complejo desde lo práctico”.
También, advirtió del efecto contrario que esto podría tener, debido a que después de registrar a los migrantes, serán detenidos y llevados a un recinto policial, donde se iniciará el proceso de reconducción, al que definió como “totalmente fracasado”.
El despliegue militar
Los operativos se realizarán en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según detalló el decreto, que de ser necesario, podrá ser extendido con la aprobación del Congreso, una vez concluidos los tres meses iniciales.
“Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las Fuerzas Armadas”, adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Los militares podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún indicio que “permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente”.
Asimismo, el decreto establece que los uniformados deberán actuar bajo los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad” y determina que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
El texto dice que “antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión”, señalando varios pasos antes de recurrir al uso de armas de fuego.
Fuente: Con información de Infobae y Télam.