Bogotá (efe). Organizaciones de periodistas y partidos políticos expresaron ayer su preocupación por la situación de los medios de comunicación en Venezuela, a causa de la no renovación de licencias a emisoras, el acoso de grupos afines al Gobierno y un proyecto de ley de delitos mediáticos.
Estas nuevas reacciones coincidieron con un atentado sufrido ayer por el canal privado Globovisión, que dejó al menos dos heridos, y con manifestaciones en Caracas de periodistas de radios que quedaron fuera del aire este fin de semana por decisión del Gobierno.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) denunció ayer que el proyecto de ley de delitos mediáticos presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional por la Fiscalía venezolana “parece ser parte de una más amplia represión contra los medios”.
Contra esa propuesta legal, que prevé penas de cárcel de hasta cuatro años para periodistas que “dañen los intereses del Estado”, “provoquen el pánico” o “perturben la paz social” se pronunciaron ya la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización Internacional de Radiodifusión, Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch, entre otros.
Al menos dos personas, un trabajador de Globovisión y un policía, resultaron heridas ayer, cuando un grupo armado que ingresó a la fuerza a la sede caraqueña del canal, al que acusó de practicar “terrorismo mediático”, arrojó dos bombas lacrimógenas.
El personal del canal responsabilizó, apoyado por imágenes de video, al grupo “chavista” Unión Patriótica Venezolana (UPV) y a su dirigente, Lina Ron.
Asimismo, una funcionaria de la Policía Metropolitana (PM) que se encontraba custodiando Globovisión habría sido trasladada a una clínica tras sufrir una herida en la cabeza causada por el impacto de un objeto contundente, sin que por el momento se conozca su estado de salud.
“Hacemos un llamado al presidente (Chávez), acaban de asaltar” la sede del canal, hay heridos, sacaron armas de fuego. Si el Gobierno lo que quiere es asesinarnos, acabar con nosotros, hágalo de una vez”, declaró Alberto Federico Ravell, director de Globovisión. Y agregó:?“No mande a su gente a un canal de televisión que prácticamente no tiene guardias armados y que la custodia que tiene es de la Policía Metropolitana por instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, declaró el directivo del canal de televisión.
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, condenó la acción “delictiva” y aseveró que los responsables serán llevados ante la Justicia, porque el Gobierno “no acepta que la violencia sea el instrumento” para dirimir las “diferencias”.
Desde Miami, la SIP condenó ayer la “violencia desatada” contra Globovisión “por intolerantes partidarios” del presidente Chávez y pidió a los gobiernos democráticos de América reprobar las acciones contra la prensa independiente de ese país.
“A todos los niveles, el Gobierno venezolano está tomando las previsiones legales y judiciales para (hacer) desaparecer a la prensa crítica”, dijo la SIP.
Globovisión ­–es un canal de noticias con una línea editorial crítica con el gobierno venezolano– enfrenta, al menos, cinco expedientes administrativos por parte del ente rector de las telecomunicaciones Conatel, dos de los cuales pueden acarrearle la inmediata revocación del permiso de transmisión.
Conatel retiró del aire el fin de semana a 34 emisoras de radio y televisión por no cumplir con los requisitos legales, situación que afecta a otras 206.
Una de ellas, CBM 102.3, improvisó ayer un estudio al aire libre en una plaza caraqueña, donde sus periodistas denunciaron que “en su arremetida contra la prensa”, el Gobierno de Chávez ha cometido “un radiocidio”.