La muerte de una chica de 22 años en los pasillos de un hospital de Santa Fe deja al margen cualquier tipo de discusión o especulación política. No hay lugar para chicanas en medio de una tragedia. Alguien falleció porque fue víctima, primero, de un sistema sanitario desbordado por culpa de decisiones que no se tomaron, de medidas que llegaron tarde, de vacunas que no se compraron y de otras que fueron a parar a los amigos, amigas y amantes del poder. En segundo lugar, el coronavirus. Tal vez, si nada de lo anterior hubiese sucedido, la historia sería otra.
Vacunarse debería ser un derecho y no un privilegio. Es la única manera de igualar y es la única forma de tomarlo como un hecho para celebrar. Se festeja cuando todos pueden tener acceso a esas tan preciadas dosis. Y se hace como un triunfo de la sociedad, de la ciencia, y no de la política. Nadie debería agradecer a un funcionario por hacer su trabajo de manera eficiente. Son empleados públicos. Son servidores que deben rendir cuentas y explicar cuando algo sale mal. Por ejemplo, la frustrada compra de vacunas a la farmacéutica Pfizer.
Tampoco es sano denunciar casos de corrupción sin pruebas. Es una tentación para quienes ocupan el rol de opositores, pero que puede terminar muy mal; sobre todo, cuando se hace desde el lugar de panelistas mediáticos. Una prueba de cómo se maneja la política argentina.
Hay gente que la está pasando realmente mal. Está angustiada y con la incertidumbre de no ver una salida a corto plazo. O, peor, creer que ya no existe. A esas personas, que nada tienen que ver con los fanáticos militantes, el oficialismo y la oposición deben darles una respuesta.