Denuncias por acá, denuncias por allá. La campaña electoral de Mendoza está plagada de presentaciones judiciales cruzadas entre algunas de las fuerzas que competirán por la gobernación el próximo 24 de septiembre.
Hay propuestas, pero por más interesantes que pueden resultar algunas de ellas, hacen mucho más ruido las denuncias penales. Entonces aparecen grabaciones ocultas, audios filtrados, “robo” de dirigentes, destrucción de publicidad rival y tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos. Todo, desde el hecho más grave hasta la chicana más insólita, termina en los abarrotados Tribunales provinciales.
Mientras, los mendocinos miran atónicos el triste espectáculo que brindan las fuerzas políticas, en muchos casos sin entender el trasfondo de cada denuncia. En realidad, les interesa poco y nada. Con toda lógica y razón, están más preocupados por la escalada inflacionaria, por ejemplo, que por las acusaciones cruzadas que seguramente el lunes 25 de septiembre pasarán al olvido y al archivo.
A menos de dos semanas de las elecciones, y un contexto social complejo, es necesario llevar más calma a una sociedad cansada, decepcionada y desconfiada de la clase política. Si los candidatos que quieren sentarse a partir de diciembre en el sillón de San Martín no entienden esta crisis e insisten con fortalecer sus demandas judiciales en lugar de proponer soluciones, corren el riesgo de sufrir un duro castigo en las urnas.