Cuando el argumento más sólido con que cuenta el Gobierno nacional empieza a desmoronarse, es momento de replantear hasta dónde el modelo tan mentado necesita encontrar una vuelta que permita seguir mirando hacia adelante sin resignar crecimiento.
El dato que indica que se amplió la brecha entre ricos y pobres en la provincia es un índice que marca un retroceso claro en el objetivo que, al menos en el relato, tiene la conducción del país, y que, más allá de las peleas recientes, encuentra en el Ejecutivo provincial una misma sintonía. Se trata de un parámetro que, más allá de lo estadístico, se puede percibir a diario. Mendoza es una provincia que parece mostrar, casi como si fuera un hecho para ser tomado como testigo, este deterioro que fue sufriendo la clase media, cada vez más lejos de ese ideal que mezclaba capacidad económica moderada con un importante acceso al sistema de educación y salud. De ahí que la calificación era socioeconómica.
Esta diferencia entre los que más tienen y los que comienzan a acortar gastos para poder cubrir todas sus necesidades se hace evidente en cuestiones básicas que tienen que ver con la vida cotidiana y que se traducen, en algunos casos, en resignación a alguna especie de lujos, y, en otros, en una adaptación a los tiempos que corren. Allí entran, por lo general, temas de consumo: abandonar primeras marcas, economizar con compras mayoristas y la búsqueda permanente de mejores precios.
Son conductas que se van modificando y que no pueden pasar desapercibidas. En especial, porque marcan la relación directa que el costo de vida está teniendo con los ingresos. Es ahí donde entra a jugar el concepto tan temido por el Gobierno: inflación. Y cuando no se toman medidas para paliar este impuesto encubierto al salario, la pirámide comienza a ensanchar su base.