Durante casi cuatro años, el presidente Alberto Fernández insistió una y otra vez en la necesidad de federalizar el país y recurrió a la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mostrar lo que –según él y Cristina Fernández– era una jurisdicción opulenta en detrimento del resto del país.
Pero, lejos estuvo, la fórmula de gobierno, de analizar la situación de las provincias que, a pesar de recibir ayudas varias veces millonarias a discreción, no logran sacar a sus poblaciones del casi subdesarrollo.
Esto tiene una explicación simple: el Ejecutivo nacional no mide la calidad de la gestión; sólo se basa en el color político.
No importa la miseria, la pobreza ni la falta de empleo. No interesa, tampoco, que ese dinero se despilfarre en clientelismo y hechos de corrupción. Se llama asistencialismo de amigos. Alcanza y sobra con que sea del mismo color político.
El resto es, apenas, un detalle. Por eso, Mendoza, ha sido relegada en esa distribución de fondos y aparece detrás del resto. Y, por eso, la denuncia hecha por el Gobierno provincial aparenta tener cierta lógica. Pero no responde sólo a eso; de lo contrario, se podrían haber activado otros mecanismos con anterioridad. La oportunidad es todo y la cercanía de las elecciones es el momento indicado para capitalizar el aspecto que más usufructo político le dio al gobernador Rodolfo Suarez: la rivalidad con la Casa Rosada. Y hacia allá apunta este nuevo round.