Rosario es el caso argentino de cómo lo que estaba mal, empeoró a una escala indefinible del terror. La violencia narco no es nueva. Está instalada desde hace años. No se reduce a enfrentamientos en los barrios conflictivos o a balas perdidas que impactan en las personas que esperan el colectivo en esas mismas zonas. En la última semana, se cobró cuatro vidas inocentes, pero lo que inquieta es el mensaje de que la intención sea precisamente causar pánico hasta que la ley y la institucionalidad se pongan de rodillas. Es una nueva fase en la delincuencia.
Los gobiernos, tanto nacional como provincial, tienen que recuperar la calle. Garantizar que no sea un riesgo de vida salir a trabajar o ir a la escuela. Ha pasado una década en la que no se dimensionó el problema a tiempo en diferentes gestiones de distinto signo político. Y la consecuencia final son las víctimas fatales.
En ese lapso, el narcotráfico no sólo se convirtió en un delito federal, sino en una oportunidad de negocios para una familia. La respuesta ha sido desarmar los quioscos. Pero cuando uno se demuele, se abre otro en la esquina. Como se ve, la respuesta no sólo puede quedarse en su faceta represiva. Es lo que se llama, en estos días, una batalla cultural. Pero ese es un trabajo a largo plazo. La cuestión más inmediata es recuperar las calles.
Rosario no es una isla en el país. No está encapsulada. Con distinto peso, esas situaciones se viven en otros lados del país. Mendoza no es ajena. La violencia en los barrios del oeste muestra cómo la única chance de sobrevivir en el día a día es el comercio de estupefacientes. Y todo empeora cuando ese negocio tiene una competencia que se salda con balas y sangre.
No está lejos Rosario, pero Mendoza todavía tiene algo de ventaja si las respuestas institucionales se activan a tiempo.