El crimen del fletero en Guaymallén perpetrado por dos individuos que lo asesinaron para robarle su medio de trabajo, una camioneta, dejó en evidencia una situación sobre la aparente falta de control de aquellas personas que cometieron un delito, fueron enviadas a la cárcel y, al cumplir su condena, salen para reiniciar el ciclo de su carrera delictiva.
Más allá del debate sobre las causas de por qué una persona que pasó una estancia tras las rejas vuelve a insistir en romper la ley, lo que se discute son los organismos oficiales que deberían hacer el seguimiento extramuros y las condiciones de vida con las que vuelve a encontrarse.
Ambos detenidos por este resonante caso son, prácticamente, reincidentes seriales. No han podido por su propia cuenta o no han sido asistidos por alguna institución para romper con este ciclo en el que delinquen, los detienen, los privan de su libertad y salen para comenzar la rueda otra vez. De hecho, uno de ellos fue condenado a principios de marzo por un robo simple agravado porque contó con la participación de un menor. Estuvo dos meses y al egresar cometió un crimen que ahora lo dejará más tiempo en la prisión.
No es un debate moral ni filosófico sobre la capacidad que tiene la prisión para rehabilitar a delincuentes. Es una cuestión más práctica y vital, si se quiere. Si no hay preocupación en las instituciones carcelarias por efectuar un seguimiento extramuros, entonces, seguir teniendo más individuos que están jugados porque no encuentran alternativas al conflicto con la norma sólo tendrá una consecuencia: otro crimen que podría haberse prevenido si los mecanismos del Estado se hubieran enfocado en romper la rueda.