La obra pública siempre ha sido una cuestión decisiva para cada gestión. Sirve para obtener recursos, para resolver viejos problemas de infraestructura y, por supuesto, para mostrar concreciones y dejar algo para la posteridad cuando, sobre todo, se cuestiona la legitimidad de un gobierno o su inacción. Sucede a menudo que los proyectos suelen ser botín de guerra entre distintas administraciones y todos buscan adjudicarse los logros. Relacionado con esto –no es que sea una muestra de pereza ni de olvido–, pero, las mañas políticas hacen que se anuncien más de una vez, incluso cuando ya están en marcha.
Sin embargo, la vertiginosa economía que tenemos en el país por estos días afecta tanto a la obra pública como a la privada dejándola en un mar de dudas. Los precios cambian día tras día, no hay diversidad de ofertas y se suma el hecho de que faltan insumos básicos. Las preocupaciones en este punto van desde la constructora, que tiene espalda, hasta los particulares, que se las arreglan como pueden para que la plata les rinda al máximo, en un marco financiero totalmente en contra.
Si la Nación va a apuntar en algún momento a medidas de austeridad, esta área debería, al menos, tener cierta prioridad en los recursos, más allá de los usos políticos, puesto que también genera algo fundamental: trabajo. Y algo no menor: mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.