Por estos días, el oficialismo y la oposición a nivel nacional están enfrascados en una pulseada por ver quién se queda con una silla en un organismo decisivo, puesto que es el que controla si los jueces y fiscales federales se comportan según las normas.
No es una pelea menor ya que determina uno de los escenarios de esa lucha, que es el teatro electoral del 2023. En ese lugar, conformado por legisladores nacionales, jueces, abogados y presidido por la Corte Suprema, siempre hay tensión política. El ejemplo más gráfico es lo que ha sucedido con el llamado Bentogate. Al juez federal Walter Bento, ese espacio fiscalizador le dio cuerda hasta que el viento a favor cambió y ahora atraviesa el proceso de destitución, paralelo a la compulsa penal. Pero, mientras los consejeros hicieron la vista gorda y dilataron la investigación, el cuestionado magistrado con jurisdicción en Mendoza siguió, por caso, a cargo de los procesos electorales.
Ese lugar por el que hoy batallan las dos fuerzas principales muestra, asimismo, que la política no descarta ni las más burdas mañas para hacerse con el control de estos organismos –principalmente, el oficialismo, enfrentado, a su vez, a los ministros del máximo tribunal–, adonde apuntan en detrimento de los problemas que atraviesa el país.