El juego de la política no es virtuoso, y menos en elecciones. Por eso, el tratamiento de muchas leyes que son claves para el funcionamiento del Estado puede caer en este barro que suele empantanar la discusión y atrasar los cambios que se necesitan. Ha sido el caso, una vez más, de la sanción del Presupuesto de Mendoza, que no contará con un mecanismo que permite a un gobierno pedir la reestructuración de su deuda externa para que sea más llevadera. Ese juego de la Legislatura hizo que la actual gestión no consiguiera el roll over para los vencimientos del año próximo.
En las acusaciones cruzadas, ambos partidos mayoritarios –los que se han alternado en la conducción de la provincia– se achacan que no se prestan para los desmanejos financieros uno del otro. Es la pulseada que se da a la hora de votar estas leyes de financiamiento y que, huelga decir, está lejos del costo de la vida diaria del mendocino. Aunque, claro, son estas decisiones las que terminan afectando la existencia de los ciudadanos porque definen de alguna manera cómo serán las prestaciones básicas de educación, salud y seguridad.
Hoy, la frazada es corta y cuando se cubre en un lugar, se destapa en otro.
La cuestión es que por qué estas discusiones no se elevan por ciertas diferencias para definir un horizonte hacia el que camine la Provincia. Los focos de incendio son varios y el agua no sobra. Tan doloroso como literal. Así, sin proyección clara y con poca voluntad para el acuerdo, la dirigencia política, que debería marcar el camino, se reduce a ser gestora de un Estado que absorbe recursos y no produce riqueza.