Es necesario e imperioso que la dirigencia política mendocina abandone la costumbre de dar discusiones institucionales a través de las redes sociales. Primero, porque les quita seriedad a los asuntos que afectan la vida de cientos de miles de ciudadanos. Segundo, porque cuando en las urnas se elige a un representante, la pretensión es que se convierta en un referente político, en alguien que construya y que pueda ser una alternativa de poder (en el caso de la oposición) o que muestre capacidad para continuar un modelo (si se trata de un oficialista).
Los debates en las redes le bajan el precio a la política, entendiéndola como la herramienta para provocar cambios sociales en la búsqueda del bienestar general. Lejos de eso, estamos frente a una ola de comentarios imprudentes e irresponsables que convierten la disputa parlamentaria en un cruce de acusaciones que, en la mayoría de los casos, se trata de balas de fogueo que buscan reacciones en la tribuna propia. Porque esa es la lógica de las redes: los mensajes son para los convencidos; básicamente, porque no es ámbito que acepte una controversia madura, con intercambios basados en datos. Para nada.
La dinámica es la de grupos antagónicos capaces de defender y justificar las posturas más insólitas. En ese afán, se publican insultos, mentiras y se siembran sospechas. Con una particularidad: nunca nadie pide perdón ni asume un error.
Por eso, si la dirigencia provincial no hace un acuerdo en este sentido, se corre el riesgo de que los temas centrales que deben discutirse en Mendoza caigan en la denominada cloaca de internet. Y eso será una atentado a la posibilidad de establecer políticas de Estado que trasciendan la chicana barata.