Mientras se avanza, a paso lento, con los proyectos mineros en la provincia, y se generan nuevos cruces por las implicancias económicas y ambientales reales que tendrán a futuro en Mendoza, ya existe, por otro lado, un reclamo histórico que llegará a la Justicia por los perjuicios que provocó la Nación a las provincias con la Ley del Cheque y su desequilibrada distribución de la coparticipación. En definitiva, en el primer caso, son fondos que podrían llegar, pero, lo que más preocupa es lo que se iría al exterior, en detrimento de los mendocinos. Mientras que en el segundo, es dinero que se quedó en el camino y que impidió más desarrollo local, como podía ser revertir el histórico déficit en viviendas, que supera las 100.000 unidades en Mendoza. Una vez más, se ponen en juego en la provincia la eficiencia de las gestiones y la lucha por los recursos que deben ser propios. De ahí la importancia de que los gobernantes defiendan los intereses locales y lleven un mensaje claro a la ciudadanía, por el bien y el futuro de todos los que habitan esta tierra.