La reforma constitucional en Jujuy es apenas una excusa, no es esa la discusión de fondo. Lo que se buscaba era un disparador para mostrar el arsenal de alternativas que manejan ciertos grupos en Argentina con capacidad para generar caos social.
Jujuy, en este caso, fue una especie de globo de ensayo con todos los componentes para mostrar los incidentes, distorsionarlos e invertir los roles. Básicamente, es una provincia opositora. Por lo tanto, el costo político no lo paga el oficialismo nacional,
como sí hubiese ocurrido si los desmanes se hubieran dado en Chaco con el “caso Cecilia”. La democracia tiene reglas de juego, y tanto las mayorías como las minorías deben respetarlas. Más allá de los cuestionamientos que se pudiesen hacer al gobernador Gerardo Morales, está claro que las modificaciones a la Carta Magna provincial pasaron por las instancias institucionales correspondientes. Cualquier disidencia debe darse en ese marco.
La violencia nunca puede estar por encima de la ley ni mucho menos tergiversar la historia y presentar como hechos represivos el accionar de las fuerzas de seguridad frente a quienes atentaron contra edificios de gobierno, cortaron rutas y destruyeron vehículos. En ese contexto, por supuesto, también debe analizarse y evaluarse el papel
de los efectivos.
No se trata de criminalizar la protesta social; al contrario: es saber discernir entre los que protestan de manera genuina, en el marco del Estado de derecho, y los criminales que se camuflan para sacar algún tipo de rédito.