Uno de los principales objetivos de las audiencias públicas es darle la posibilidad a los ciudadanos de participar y opinar sobre las decisiones que deben tomar las autoridades. Si bien no son vinculantes, es una forma de transparentar las causas y consecuencias de medidas que muchas veces son antipáticas, como los aumentos en servicios públicos como luz, agua y transporte público.
Pero el Gobierno provincial decidió transitar otro camino. Con herramientas legales, encontró un atajo que le permite evitar las convocatorias a audiencias públicas ante cada ajuste.
Ocurre, por ejemplo, con la tarifa eléctrica: se incrementa cada tres meses, pero las audiencias para dar a conocer los detalles de la actualización será anual. La misma determinación se implementará en el servicio de agua, mientras que se analiza replicarla en el transporte público.
Antes de cada audiencia pública, las empresas concesionarias están obligadas a presentar los estudios de costos sobre los que apoyan sus requerimientos de ajustes tarifarios; también los entes de control deben dar a conocer sus propios análisis. Sin esa herramienta, el acceso a dichos informes es más complejo, las explicaciones más confusas y las decisiones menos transparentes.