La ponderación hecha por el Poder Ejecutivo de la Nación cuando planteó la necesidad de modificar el Código Civil tenía como objetivo establecer un marco jurídico que contemplara numerosas situaciones relacionadas con el avance de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, decidió eliminar el articulado vinculado con la gestación por sustitución, comúnmente llamada alquiler de vientres. Ese vacío legal es el que provoca polémica cada vez que se plantea un caso de estas características. No sólo eso, sino que la falta de normativa regulatoria siempre es aprovechada por quienes ven en estas prácticas un negocio.