La historia reciente en la relación entre las provincias y la Nación es un entramado de tensiones, de tira y afloje, de aprietes. Lejos estamos de una discusión donde primen los acuerdos que establezcan criterios de racionalidad y equilibrio. Por el contrario, lo que predomina es el reparto arbitrario de los recursos de un país que, así como puede ser visto como rico por sus recursos, al final no le sobra nada y tiene una pobreza de 40%. En este panorama histórico es que se ha firmado un nuevo pacto fiscal.
Hay más de una razón que presiona a los gobernadores para rubricar este consenso. En el caso de Mendoza, la dependencia de ciertos recursos nacionales y la necesidad de renegociar su deuda. Pero, más allá de esto, lo que preocupa en estos momentos es que la discusión pase nuevamente por subir impuestos, como si fuera la única forma de superar la crisis, colocando más presión fiscal sobre las espaldas de los medianos y pequeños empresarios. Y, en general, sobre la sociedad. El peligro es que estos incrementos se apliquen sobre los tributos más regresivos, como Ingresos Brutos.
Más de una vez se ha pedido un plan para salir de esta coyuntura. Sin embargo, parecería que la única vía posible es a través de los impuestazos. La interrogante es por qué las distintas administraciones no generan riqueza sino más gasto social, ya que, definitivamente, este incremento en los tributos sólo sirve para fondear las áreas más deficitarias del Estado. La salida podría ser una disminución progresiva y la eliminación de algunos impuestos para dar algo de aire a los que invierten todos los días y que permitan, con los estímulos necesarios, crear empleo. Pero estamos en un círculo pernicioso que nos impide crecer.