Un país tan grande y diverso como Argentina arrastra un problema que no termina de resolverse con los años. Nos referimos a la falta de viviendas. Como miles de argentinos que no consiguen un techo o un lugar de la manera más digna, lo que se reactivan son las peleas por la toma de tierras, en algunos casos, de manera fatal, porque ahí la ley no llega.
Ha pasado de manera constante en los últimos años, en varias gestiones y evidencia la marginalidad que se ha alimentado, sobre todo, durante los últimos años. Familias enteras llegan a un predio, en algunos casos fiscal, en otros privados, arman con dos o tres palos una casilla y se instalan. A partir de ahí comienzan a pelear por ese puñado de espacio para que el Estado los reconozca. No siempre sucede.
Ese proceso no es pacífico y, como muchos conflictos y reclamos que surgen desde abajo, hay gestores que hacen un negocio con la pobreza. Los cinco muertos en la toma de tierras en La Matanza es otro capítulo de esta saga, porque es una pelea entre pobres e indigentes, intervenida por el narcotráfico, al punto tal tan miserable que esos terrenos en disputa no son siquiera habitables, ya que forman parte de una zona de tosqueras.
Usurpado ya desde hace un año, al menos, la situación da a entender que, ahí donde el Estado debiera estar presente en más de una forma, lo que vale no es la vida porque lo que predomina es el imperio del transa. Es una Argentina conurbanizada que sólo a fuerza de disparos sale a la vista de todos.