Venezuela es una cuestión urticante para el Gobierno nacional. Principalmente, por toda la historia que se tejió entre los gobiernos kirchneristas y chavistas. Relaciones que, más allá de la afinidad ideológica, llegaron a la Justicia luego de que explotara el escándalo de la valija de Antonini Wilson, lo que da cuenta del financiamiento de la política por aquellos años. Ahora, la crisis venezolana pone a prueba a la conducción política y le saca a flote, inevitablemente, sus contradicciones políticas.
No hay dudas de que el chavismo ha degenerado en una dictadura. Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que recogió el informe Bachelet para la ONU son una evidencia incontrastable de lo que sucede en el país caribeño. Y que se han profundizado con la pandemia de coronavirus. Por ello, la salida del Grupo de Lima, donde el kirchnerismo no sintonizaba ideológicamente con los países que cuestionan al gobierno caribeño, más que una tercera vía cae inevitablemente en una señal de apoyo a Nicolás Maduro cuando muestra su desentendimiento.
No es posible hoy por hoy que los venezolanos definan su propia suerte como país bajo estas condiciones, donde hay una desconfianza absoluta sobre el sistema democrático cada vez que eligen a sus autoridades por sospechas de fraude o manejo arbitrario de los comicios. El kirchnerismo tal vez haya elegido la salida más fácil, pero es la que la enfrenta a sus peores contradicciones, sobre todo, considerando que es un partido que enarbola la defensa de los derechos humanos.