Hay provincias que están esperando un fallo de la Corte que definirá el futuro de sus comicios, que a su vez dará certeza a quien conduce esas jurisdicciones por los siguientes cuatro años, como también a sus votantes. El debate ha girado en torno a la reelección de esos mandatarios, uno de los cuales lleva 20 años en el poder, apalancado tanto por reformas constitucionales como por el ejercicio mismo de la democracia, además de un fuerte clientelismo político. Más allá de las sentencias, la discusión debería darse finalmente a nivel ciudadano. Es cierto que en algunas regiones el peso del Estado lo condiciona todo, entre otras cosas, el voto.
Es difícil decidir un cambio cuando se ha montado un aparato con el paso de los años y las gestiones que no sólo lo otorga todo –o al menos, plantea esa promesa e ilusión–, sino que no permite cualquier variación. Paralelo a esto, se mantiene un nivel de pobreza alarmante, por lo que no se terminan de resolver todas las contradicciones sociales existentes. En ese punto, hasta el reclamo por algo mejor se limita a una mejora material y a corto plazo. La Justicia puede dar alguna certeza sobre estas cuestiones, sin alterar el federalismo. Pero, en algún momento, el debate debe traspasar estos condicionamientos para que, en buena medida, los ciudadanos elijan en libertad.
Ese es, al menos, uno de los desafíos de la democracia desde la salida de la dictadura.