El funcionamiento de un Estado no es por magia. Tiene que ver con una compleja ingeniería financiera que empieza con el sencillo acto de pagar los impuestos, que permiten solventar las tareas más básicas que pueden exigírsele: seguridad, educación, salud y justicia. Pero también hay quienes consideran que la presión fiscal en Argentina es asfixiante y que el sistema de tributos sirve para mantener una burocracia que sólo se justifica en sí misma.

En el medio, ocurre la evasión de aquellos que deciden directamente no pagar estas obligaciones y, en algunos casos, envían sus fondos al exterior para evitar que los capten los organismos recaudadores. En este esquema gris, el Gobierno nacional avanzará nuevamente con una ley de blanqueo de capitales. No es la primera vez que se intenta encuadrar en una norma legal en el Congreso. La iniciativa suele tener sus pros y contras, incluso en el fondo de lo que busca regular: que aquellos que exteriorizaron su plata la traigan al país, pero con algunos perdones, sin que haya multas. Como se ve, es debatible. Sin embargo, pasan los años y se deja pasar a su vez otra cuestión relacionada con los problemas impositivos: esa discusión que apunta a que es necesario reducir la presión, eliminar tributos y trámites que dificultan la vida y el bolsillo, una modificación de todo el sistema fiscal que sea para beneficio de los ciudadanos, empresarios, trabajadores y autónomos con la premisa de crear riqueza, en lugar de un elefante que no resuelve administrativamente nada. Un debate, por cierto, sin demagogia.