No haré un análisis profundo respecto de qué se considera por inflación, por cuanto existen diversas teorías volcadas en centenares de libros por prestigiosos autores, estimo que todas razonables. Algunos sostienen que la inflación consiste en el aumento sostenido de precios; otros, que se origina en la emisión monetaria sin respaldo por parte del Estado y en el aumento del consumo sin incremento de la producción, hecho que lleva a mayor emisión, entre otras.

    En Argentina, se ha generado un tremendo debate por el índice de aumento de precios registrado en enero de este año. La repercusión ocasionó que por primera vez se destituyera a una directora del INDEC, Graciela Bevacqua, debido a que –aparentemente– al Gobierno no le agradó la cifra dada a conocer por el organismo técnico encargado de medir el índice de variación de precios (IPC).

    El Gobierno dio a conocer un porcentaje que nadie –ni los propios funcionarios– cree realmente: 1,1%. Ahora, en febrero, otro índice político, 0,3%, cuando los técnicos opinan que, como mínimo, ha sido más del doble. Según trascendió, los funcionarios del INDEC –sobre la base de los estudios realizados– estimaron el índice en el orden de 2,6%, más del doble del anunciado por el Ministerio de Economía.

    En Mendoza, la variación, según estudios económicos, sería de 3,6%, la más elevada del país. Una de las grandes motivaciones de esta discusión y sus efectos es que el Gobierno ha emitido títulos por varios miles de millones de dólares, los cuales, aparte de pagar intereses, se ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), que surge de la variación de precios. Un punto de diferencia en el índice representan varios millones de dólares por mes para el país.

    Venezuela es –tal vez– nuestro principal acreedor y beneficiario de estos títulos, con cerca de 4.000 millones de dólares. Compramos deuda al FMI, que se pagaba a 3% anual, y la remplazamos por bonos que estarían pagando entre 11% y 13% anual. Esto, sostienen algunos economistas, lleva a que la deuda externa se incremente mensualmente, desdibujando el monto de 8.900 millones de dólares que se cancelara al FMI.