La visita a Mendoza del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y su presencia en una de las jornadas del juicio a los ex jueces federales acusados de formar parte del aparato represivo en Mendoza durante la dictadura militar fueron clave para encarar la recta final del proceso judicial que tiene como objetivo determinar responsabilidades civiles, más allá de la participación de las fuerzas armadas y de seguridad.

En la provincia, Avruj terminó con los rumores acerca de una suerte de lobby del Gobierno encabezado por Mauricio Macri para favorecer a los imputados, donde los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret tienen el protagónico por nombre propio, pero están acompañados en el banquillo de los acusados por Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren.

La presencia del funcionario nacional fue tomada como una suerte de guiño por los organismos de Derechos Humanos; especialmente, luego de que se mostrara abierto a manifestar el apoyo hacia los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Viviana Beigel, Pablo Salinas, Diego Lavado y Carlos Varela; todos, querellantes en el juicio que hoy tendrá un capítulo clave, cuando la fiscalía liderada por Dante Vega presente sus alegatos. 

Avruj dejó en claro que el juicio que se desarrolla en Mendoza es emblemático porque entre los acusados está parte de la pata civil que colaboró para que, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Aunque, en este caso, los delitos que se les imputa a los acusados datan de meses antes del golpe, cuando las represión ya era efectiva.

La lógica indica que la Fiscalía tendrá sintonía fina con la querella y que coincidirá con un pedido de perpetua para todos los acusados. Uno de los puntos en los que se ha centrado el juicio es en la necesidad de destacar cómo se utilizaron los abusos sexuales como una forma de tortura, al punto de considerarlos un delito de lesa humanidad.

Mendoza ha sido una plaza importante para que este concepto sea ponderado de esta manera. Y que los autores de las violaciones no enfrenten cargos en la Justicia ordinaria, sino que sean juzgados en el marco del genocidio que tuvo lugar entre 1975 y 1983.

En el caso de los ex magistrados federales, los testimonios demostraron que estaban al tanto de lo que sucedía. La mayoría de los casos de violación se dieron en la sede del D2. Aun así, nunca abrieron causas para investigar lo que estaba sucediendo y, de esa manera, convalidaron esa práctica. 

Tal como lo manifestó la querella, las conductas respondieron a una asociación ilícita, donde cada uno tenía un rol determinado. En el caso de los jueces, esa función se estiró luego de la recuperación de la democracia, momento en el cual, según los investigadores, los magistrados decidieron no ahondar en los hechos del pasado.

Romano, Miret, Carrizo y Petra Recabarren enfrentan cargos por la participación en homicidios, secuestros y torturas. Fueron tantos los casos que omitieron investigar, que esa participación es primaria. En otras palabras, eran parte de las estructura represiva.

De los cuatro, solamente Romano llegó al debate oral en prisión. Hay que recordar que se fugó a Chile e intentó conseguir asilo como refugiado en ese país. Fue traído luego de que la Corte trasandina respondiera de manera positiva al pedido de extradición que había hecho el juez federal Walter Bento. 

Durante el juicio, Romano intentó recuperar la libertad y ser beneficiado con un régimen de prisión domiciliaria, pero su petición fue rechazada. Su antecedente de fuga le jugó en contra.

Para hoy se espera otra presencia importante entre el público. Jorge Auat, titular de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad, seguirá de cerca una etapa clave en el debate oral. Un segundo mensaje institucional para reforzar todo lo hecho en Mendoza.