El Banco Central del Paraguay dispuso el martes iniciar un procedimiento de resolución sobre el Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida implicó el cierre del banco y la suspensión de sus servicios, incluidas las operaciones mediante la aplicación y las tarjetas.
La intervención desató una crisis financiera y política en Paraguay. La entidad suspendió sus operaciones y dejó bajo incertidumbre los depósitos de ahorristas, jubilados y organismos públicos. En paralelo, hubo protestas en Asunción y el presidente Santiago Peña pidió la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo
Ueno Bank había comenzado a operar como entidad bancaria en noviembre de 2023 y alcanzó unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Su crecimiento también lo llevó a captar depósitos de organismos estatales y del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los fondos jubilatorios.
Uno de los puntos de mayor preocupación es la situación del IPS, que tenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad. También quedaron comprometidos fondos de otros organismos públicos, entre ellos recursos de la Administración Nacional de Electricidad. Además, unos 32.000 pensionados tenían sus cuentas vinculadas al banco.
La crisis tuvo consecuencias políticas. Carvallo, quien antes de asumir la conducción del Banco Central había presidido la Financiera Ueno, puso su cargo a disposición del Senado luego de que Peña solicitara su renuncia. Liana Caballero, integrante del directorio del organismo, quedó a cargo de manera interina.
En las calles de Asunción también se registraron momentos de tensión. Ahorristas y empleados de la entidad se enfrentaron con la Policía, que impedía el acceso a la sede bancaria. Las manifestaciones continuaron durante la noche, mientras distintos sectores reclamaban respuestas sobre la devolución de los fondos y algunos manifestantes pedían la renuncia del presidente.
En respuesta, el Gobierno impulsó un proyecto para acelerar la restitución de los depósitos. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado y propone ampliar el mecanismo de garantía para permitir un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante, dentro de las 24 horas posteriores a la resolución de una entidad financiera. El texto también establece que, si el cliente tiene un préstamo con el banco, solo se descontarán las cuotas vencidas y no el total de la deuda pendiente. El proyecto debía ser tratado por la Cámara de Diputados durante la mañana de este miércoles.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos contempló una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por persona y entidad. El Banco Central tiene 15 días para devolver los depósitos garantizados, con posibilidad de extenderlo por otros 15 días. Los montos que superen esa cobertura dependerán del resultado del proceso de resolución.
La investigación judicial también avanzó sobre los responsables de la entidad. Clarín informó que Miguel Vásquez, CEO y uno de los fundadores de Ueno Bank, se entregó ante la Policía y fue imputado por abuso de confianza junto con otros directivos. Otros integrantes del directorio habían sido detenidos por orden judicial.