El 17 de marzo de 1992 y el 18 de julio de 1994 son dos de las fechas más trágicas y lúgubres de la historia argentina. De la mano del terrorismo islámico, dos atentados golpearon al país: primero, en la Embajada de Israel; después, en el edificio donde funcionaba la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
En la reciente resolución del juez federal Daniel Rafecas para procesar a los imputados por la voladura de la AMIA y avanzar en el juicio en ausencia, hay una cronología pormenorizada de cómo fue la decisión, la planificación y la ejecución del atentado. Más de dos años de diferencia y un paso a paso hasta el momento en que una camioneta Renault Trafic, cargada con entre 300 y 400 kilos de explosivo amonal y TNT, fue detonada frente al edificio de calle Pasteur al 633.
El detalle muestra, además de la línea de tiempo, cómo se fue tejiendo el entramado criminal entre el gobierno iraní y su delegación diplomática en Argentina; los contactos en Líbano con el grupo terrorista Hezbolá y la base asentada en la Triple Frontera, y en menor medida, en la mezquita “At. Tauhid”, ubicada en el barrio porteño de Floresta, que sirvió como cobertura y pantalla para el “agregado cultural” iraní, Mohsen Rabbani. Y deja abierta una de las preguntas que aún no tiene respuesta: ¿quién estaba detrás de la línea de telefonía celular a nombre de “André Marques”, el coordinador del bombardeo a la mutual judía?
En el mismo tiempo en que se dibujaba el plan para el ataque a la AMIA, desde Buenos Aires también se coordinaban las acciones para un atentado que Hezbolá cometió sólo un día después en Panamá. Fueron 85 personas asesinadas en la AMIA y otras 20 en Centroamérica. Cuatro días más tarde, el grupo chiíta se adjudicó ambos ataques.
