Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en el Atlántico Sur, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El desarrollo es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, y contempla la instalación de infraestructura submarina para extraer petróleo de un yacimiento descubierto en 2010.

El proyecto avanzó después de que ambas compañías tomaran en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para su primera etapa. El plan contempla comenzar a obtener el primer petróleo en 2028, con una producción inicial estimada en unos 50.000 barriles diarios. La primera fase prevé la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.

La magnitud del emprendimiento es uno de sus principales aspectos. Según los datos difundidos por las compañías, la primera etapa apunta a recuperar unos 170 millones de barriles, mientras que el desarrollo completo contempla distintas fases y más de 60 pozos submarinos. La inversión prevista asciende a unos USD 1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo, a los que se sumarían otros USD 2.100 millones para completar el desarrollo.

El yacimiento fue descubierto por Rockhopper hace más de 16 años y atravesó un largo período de estudios, modificaciones y postergaciones antes de llegar a la etapa actual. Navitas asumió posteriormente el rol de operador y posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper mantiene el 35% restante. El desarrollo prevé extenderse durante varias décadas y constituye uno de los principales proyectos petroleros offshore vinculados a las aguas próximas a las Malvinas.

El avance de Sea Lion es rechazado por la Argentina, que sostiene que la explotación de hidrocarburos en las áreas próximas a las islas se realiza sobre territorios sujetos a una disputa de soberanía y sin autorización argentina. El Gobierno de Javier Milei volvió a poner el proyecto en el centro de la agenda después de anunciar medidas contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en esas zonas.