El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar la gestión de los recursos de la Dirección General de Escuelas (DGE) para evitar los “pasivos” que tiene en bienes muebles que estén en desuso y así financiar el Fondo Escolar Permanente.
La iniciativa contempla, además, que con ese instrumento se puedan financiar créditos para que los docentes accedan a viviendas. Tal y como pretende el Ejecutivo con otros proyectos que viene impulsando.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó el proyecto este lunes en la Cámara de Diputados. En concreto, lo que busca es modificar varios artículos de la Ley 9.545, la que creó el Fondo Escolar Permanente.
Ampliación del Fondo Escolar Permanente
Entre los cambios, el proyecto busca ampliar los recursos que hoy integran el Fondo Escolar Permanente, incorporando todo lo que resulte de la enajenación (venta), subasta, remate o locación (alquiler) de los bienes en desuso, vehículos obsoletos y activos no estratégicos que tenga la DGE.
Para eso, se introduce un criterio de eficiencia patrimonial con el que evalúan si los activos que tiene la DGE generan costos de guarda y custodia o están sufriendo una depreciación. Buscan justamente descomprimir los depósitos y dependencias escolares de materiales que ya sirvan.
De esta manera, transformarían pasivos logísticos en recursos que ingresan de manera directa para financiar distintos objetivos previstos en la ley.
El proyecto excluye a los bienes que tengan una afectación presupuestaria o patrimonial específica previa.
Los usos del fondo y el proyecto para financiar viviendas
La legislación anterior habilitaba de forma exclusiva la generación de renta que permita comprar terrenos, construir, reparar, mantener y equipar edificios escolares. Este espíritu no se modifica, pero se elimina el concepto de exclusividad.
Además, introdujeron un artículo para destinar parte de estos recursos como “garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente de operaciones crediticias, bancarias o financieras, aportes fiduciarios e intercambio de inmuebles, vinculadas al cumplimiento de los fines de la presente ley y/o a programas de acceso a soluciones habitacionales y/o urbanización para el personal docente“.
Este artículo permitiría financiar el acceso a la vivienda para docentes mediante un régimen de garantía destinado a respaldar operaciones crediticias. Una iniciativa que está en línea con el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo durante la asamblea legislativa en mayo, cuando expresó su deseo de avanzar en este objetivo.
Para eso, el Ministerio de Educación ya había lanzado el programa Vivienda Docente, que con una modalidad de inversión público–privado busca construir unas 250 viviendas en distintos puntos de la provincia.
El mes pasado comenzó la inscripción para que las empresas presenten sus proyectos y el mes que viene habilitarán a los docentes a participar por su vivienda.
Ahora, un nuevo proyecto suma otra estrategia. Sin embargo, aclararon que el objetivo no es destinar los recursos del Fondo al punto de suspender su operatividad, sino que buscan establecer una reserva, subcuenta, fideicomiso, fondo de garantía o cualquier mecanismo equivalente para mantener siempre dinero disponible para ser destinado a los otros fines de la norma.