La venta de drogas dentro de la cárcel era apenas una parte del negocio. Detrás de las condenas que el mes pasado recibieron el referente Pedro Esteban Morales Anisco (30), alias Piter, otros internos del módulo 4.1 de Almafuerte y un penitenciario que ingresaba estupefacientes al complejo penitenciario, los investigadores reconstruyeron algo mucho más grande: una presunta estructura financiera destinada a recaudar, distribuir y lavar millones de pesos generados tanto por el narcotráfico intramuros como por una compleja maquinaria de estafas virtuales.
Esa hipótesis motivó este jueves una batería de 25 allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia federal y ejecutados por la Policía contra el Narcotráfico (PCN), en una pesquisa que lleva meses de análisis sobre teléfonos celulares, cuentas bancarias, billeteras virtuales, movimientos financieros y comunicaciones entre presos y personas que operaban en libertad, principalmente con base en Guaymallén.
Para los responsables de los trabajos investigativos, Morales Anisco continuó ejerciendo poder desde el interior de la cárcel de máxima seguridad incluso después de haber sido condenado por homicidio y estafas. La sospecha es que logró construir una organización con funciones claramente divididas, donde algunos internos se encargaban de comercializar drogas dentro de Cacheuta, otros administraban cuentas recaudadoras y un grupo externo se ocupaba de mover el dinero, invertirlo y darle apariencia de legalidad.
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La primera parte de la estructura delictiva ya fue acreditada judicialmente. La fiscal federal María Eugenia Abihaggle logró condenas contra Morales Anisco, Marcelo Agüero Declaux, alias Tapón, Ángel Kevin Fernández, Juan Cruz Arregui y el penitenciario Renzo Sebastián Rojas por la maniobra destinada a ingresar marihuana y cocaína al Complejo Penitenciario Almafuerte. Fueron juicios abreviados (todos reconocieron los hechos) y las penas llegaron a los seis años de cárcel, el máximo previsto para este tipo de proceso.
La instrucción demostró que Rojas introducía las sustancias durante sus jornadas laborales y que la cocaína y la marihuana terminaban en manos de los referentes del módulo 4.1.
Entre ellos aparecían Morales Anisco, Arregui, Fernández y luego podría llegar a tener un rol o participación Kevin Guerrero, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la empresaria Norma Carleti en el 2018, señalado por distintas fuentes como uno de los distribuidores internos de estupefacientes antes de ser trasladado al régimen de Muy Alto Perfil (MAP). Por eso Guerrero quedó en la mira en esta causa de lavado de dinero.
La logística tenía una estructura definida. Rojas recibía la droga desde el exterior a través de Yamila Agüero Declaux, hermana del Tapón, quien cumplía funciones de acopio. Después el guardia ingresaba los estupefacientes al penal ocultos entre sus prendas o acondicionados especialmente para superar los controles de seguridad.
Las conversaciones extraídas de los teléfonos secuestrados revelaron negociaciones por kilos de marihuana, distribución de cocaína, pagos mediante transferencias y coordinación permanente entre los involucrados. Los propios mensajes mostraban cómo se fijaban precios, se repartían ganancias y se establecían mecanismos para el ingreso de sustancias.
Sin embargo, el hallazgo de decenas de teléfonos celulares durante distintos procedimientos permitió descubrir otro negocio paralelo que, según los detectives de la PCN, generaba una enorme masa de dinero.
El análisis forense realizado sobre dispositivos secuestrados en diciembre del 2024 y julio del año pasado detectó conversaciones compatibles con múltiples maniobras de estafa realizadas desde el interior de la cárcel.
Las publicaciones aparecían principalmente en Facebook. Los reos ofrecían electrodomésticos, motocicletas, teléfonos celulares, alquileres, créditos personales, gestiones para obtener licencias de conducir, alquiler de juegos infantiles, venta de garrafas y hasta supuestos reembolsos económicos.
Cuando las víctimas realizaban transferencias, los productos nunca eran entregados. Efectivamente, se trataba de personajes que engañaban desde adentro del penal.
Pero los policías y los funcionarios judiciales detectaron además modalidades más sofisticadas. Una consistía en simular perfiles de adolescentes mujeres que iniciaban conversaciones de contenido sexual con hombres adultos, lo que se denomina como “sextorsión”.
Luego aparecían falsos padres reclamando dinero para evitar una denuncia penal. En otros casos, los estafadores se hacían pasar por funcionarios judiciales o integrantes del Ministerio Público Fiscal para exigir pagos bajo amenazas de iniciar acciones penales.
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La reconstrucción financiera permitió establecer que las ganancias obtenidas por esas maniobras y por la venta de drogas convergían en una serie de cuentas consideradas estratégicas.
Entre ellas aparecen las billeteras virtuales y cuentas vinculadas a presos identificados como Jorge Luis Bastías y Jonathan Sassone, ambos del módulo 4.1. Según fuentes judiciales, estas funcionaban como verdaderos centros de recaudación.
Los números llamaron la atención de los pesquisas. Solamente una cuenta atribuida a Bastías registró ingresos superiores a los 470 millones de pesos provenientes de 1.470 remitentes diferentes durante el período analizado.
La magnitud de esos movimientos reforzó la sospecha de que la organización había desarrollado una infraestructura financiera propia para captar, concentrar y redistribuir fondos provenientes de actividades ilícitas.
A partir de allí comenzó para la Justicia otra etapa de la hipótesis investigativa: el lavado de activos. Sostiene que fuera de la cárcel operaba una red encargada de recibir el dinero, moverlo a través de distintas cuentas y reintegrarlo al circuito económico formal.
En esa línea aparece una figura central: Daiana Ayelén Giménez, pareja de Morales Anisco. Los informes financieros la ubicaron como uno de los principales nexos entre los internos y el exterior. De hecho, los especialistas remarcaron que es la única persona que registra vínculos financieros simultáneos con, al menos, seis principales investigados de la causa, además de cruces con familiares directos.
La documentación analizada le atribuye movimientos por más de 90 millones de pesos y la ubica como uno de los nodos más importantes de redistribución de fondos.
La sospecha es que parte de ese dinero terminó invertido en construcciones de casas y departamentos, además de otras operaciones vinculadas con criptomonedas y proyectos desarrollados junto a allegados de la organización.
En una entrevista con El Sol, luego de que Morales Anisco quedara en la mira como autor intelectual del ataque contra una niña de 11 años en medio de un conflicto por la causa narco que lo terminó condenando (en guerra con quien era su “socio”, el Tapón Agüero Declaux, padre de la criatura), la mujer dijo que tenía un minimaket y un local de ropas que vivía de eso. Sin embargo, los números no cerrarían con la cantidad de dinero ingresado y en blanco.
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En la Justicia federal y la PCN también pusieron bajo la lupa a integrantes del entorno de los “famosos Corbera”, una familia vinculada al barrio Grilli Sur de Guaymallén y a sectores relacionados con la comercialización de estupefacientes, donde precisamente se concentró una parte importante de los allanamientos realizados este jueves.
Dentro de la estructura financiera también aparecen “José Gastón Reale y Mariano Adrián Vargas Gómez“, señalados por las fuentes como operadores externos que recibían dinero y lo redistribuían hacia distintos destinatarios vinculados con el circuito. “Vargas Gómez es un hombre con estrecha relación con Morales Anisco”, contó una fuente que habló con este diario.
Por otra parte, a otras cuatro personas (familiares de Giménez) y otros jóvenes con negocios en el centro –se reservan sus identidades por ahora- como personas con movimientos compatibles con tareas de reinserción de fondos. Particularmente llamativo resultó el caso de un joven, quien habría recibido más de 63 millones de pesos provenientes de cuentas vinculadas de la mujer del Piter.
La instrucción también detectó un complejo entramado de vínculos familiares. Hermanos, parejas, padres, hijos y allegados aparecen conectados mediante transferencias, movimientos bancarios y operaciones repetidas. Para los pesquisas, esa estructura permitía fragmentar el dinero, dificultar su rastreo y ocultar el verdadero origen de los fondos.
La hipótesis que buscará probar la Justicia federal luego de las medidas, es que la organización que presuntamente encabezaba Morales Anisco no se limitaba al ingreso y venta de drogas dentro de la penitenciaría.
Los informes incorporados al expediente describieron un esquema estable, sostenido en el tiempo y con división de funciones, donde coexistían proveedores de droga, vendedores internos, administradores de cuentas, recaudadores, distribuidores externos y presuntos lavadores.
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Los trabajos investigativos y análisis son contundentes: las pruebas digitales extraídas de los teléfonos y el detalle financiero de más de 800 millones de pesos en movimientos de dinero permitieron sostener que no se trató de hechos aislados, sino de una organización con jerarquías definidas, infraestructura financiera propia y capacidad para seguir operando desde el penal de máxima seguridad.
Debido a esto, casi todos los internos citados fueron reubicados en diferentes sectores. El próximo paso del Ministerio Público Fiscal federal, finalizaron las fuentes, será formalizar las acusaciones dependiendo del caso. Pero todo se encamina en imputaciones por lavado de dinero.