El Gobierno ajustó la normativa sobre el control de presentismo en el Estado para evitar vacíos legales. A través de una modificación al Decreto 1944, estableció que la implementación de sistemas biométricos en todas las dependencias oficiales tiene como fin exclusivo registrar de manera fehaciente la entrada y salida del personal.

La norma advirtió explícitamente que este registro no es prueba suficiente para demostrar el cumplimiento de las tareas normales y habituales de cada agente.

Con esta aclaración, la Provincia busca desvincular el simple acto de “marcar el reloj” de la productividad laboral.

El objetivo es que la acreditación de la presencia física sea solo el primer paso de la auditoría, mientras que la responsabilidad de verificar el trabajo efectivo sigue recayendo en las jefaturas y el sistema de metas de cada área.

La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de supervisar que todas las oficinas públicas cuenten con la tecnología necesaria para este seguimiento digital.

El decreto también introduce cambios en la flexibilidad del sistema. Reconoce que la dinámica de ciertas áreas estatales requiere esquemas de trabajo distintos a los convencionales, por lo que otorga a los Ministros de cada cartera la facultad de disponer horarios especiales.

Sin embargo, estas excepciones ya no serán discrecionales ni automáticas: cualquier adecuación horaria por la naturaleza del servicio deberá contar con el visto bueno expreso del ministro de la jurisdicción correspondiente para ser válida.

Esta medida se enmarca en el convenio de salud ocupacional firmado con OSEP para combatir el ausentismo injustificado y que ordenó la instalación obligatoria de controles biométricos en cada repartición del Estado.

Al contar con datos biométricos precisos de asistencia, el Estado puede cruzar información con las licencias médicas y las juntas de auditoría de forma más eficaz. El personal queda obligado por ley a registrar su ingreso y egreso bajo estas nuevas modalidades digitales, eliminando definitivamente los sistemas de planillas manuales en las dependencias del Poder Ejecutivo.