El Gobierno nacional oficializó la venta de la totalidad de su participación accionaria en Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, en una operación valuada en US$356 millones.
La adjudicación fue confirmada este martes mediante la resolución 673 publicada en el Boletín Oficial y representa uno de los movimientos más relevantes dentro del proceso de privatización de activos energéticos impulsado por la administración de Javier Milei.
El paquete accionario estatal en Citelec, firma controlante de Transener, quedó en manos de un consorcio integrado por Genneia y el grupo Edison Energía. Citelec comparte además el control accionario con Pampa Energía. Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, destacaron la salida definitiva del Estado de la empresa y defendieron la decisión como parte del retiro del sector público de actividades empresariales.
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Transener opera una infraestructura considerada estratégica para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kV distribuidas en todo el país. La red eléctrica conecta provincias desde Jujuy hasta Santa Cruz y constituye la columna vertebral del transporte energético nacional.
La oferta ganadora superó ampliamente el precio base de US$206 millones fijado en la licitación y encabezó un proceso que acumuló propuestas por casi US$887 millones.
La venta de Transener se inscribe dentro del plan oficial para avanzar con la privatización total de Enarsa, habilitada por la Ley Bases. Desde 2024, el Gobierno viene desmembrando distintas unidades de negocios de la compañía estatal. Según datos oficiales, Enarsa pasó de controlar al menos diez activos vinculados al gas y la electricidad a conservar actualmente apenas cuatro participaciones estratégicas.
Entre los activos que todavía permanecen bajo órbita estatal figuran la operación del barco regasificador de GNL en Escobar junto a YPF; las centrales termoeléctricas San Martín, en Timbúes, y Manuel Belgrano, en Campana; además de proyectos petroleros y eólicos en la Patagonia.
En paralelo, el Ejecutivo también proyecta avanzar con nuevas concesiones hidroeléctricas en provincias como Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut, luego de la privatización de las represas del Comahue concretada a fines de 2025.