El Gobierno oficializó la no confirmación en su cargo de un oficial subayudante, quien había sido designado en la fuerza policial en mayo de 2025. La decisión, plasmada en un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, surge tras un episodio ocurrido en octubre del año pasado, cuando el efectivo se presentó ante la Delegación Vial Gran Mendoza para realizar una entrega voluntaria de su armamento y chaleco antibalas.
La normativa vigente establece que todo nuevo integrante de la Policía de Mendoza debe atravesar un periodo de prueba de 12 meses. Durante este tiempo, el Poder Ejecutivo evalúa la idoneidad, subordinación y aptitud del agente antes de otorgarle la estabilidad definitiva.
En el caso de este ex agente, el Equipo Técnico de la Dirección de Capital Humano determinó que su conducta rompió con los principios básicos de la institución, recomendando su inmediata desafectación.
Desde la Dirección General de Policías remarcaron que el estado policial es una responsabilidad que se mantiene las 24 horas del día. El informe oficial sostiene que un efectivo debe demostrar integridad, disciplina y adaptabilidad, cualidades que se consideran ausentes cuando un funcionario decide desprenderse de sus herramientas de trabajo de forma unilateral. El organismo subrayó que las inconductas son “totalmente inaceptables” para el beneficio de la comunidad.
Finalmente, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el instrumento legal que dispone la baja definitiva del agente, quien revistaba en la Clase 028.
El exoficial fue notificado de que cuenta con un plazo de quince días hábiles para presentar recursos de revocatoria o aclaratoria, según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque la decisión política de separarlo de la fuerza es firme.