La condena dictada este miércoles contra Nehuen Ariel Martínez, conocido como sicario e íntimo amigo del único hijo de Sandra Jaquelina Vargas, la Yaqui, por el asesinato del reconocido jefe del narcomenudeo del Campo Papa Miguel Ángel “Pollo” Valdivia en marzo 2024, dejó un capítulo cerrado en el expediente, pero la causa aún tiene un frente abierto: el de Matías Nicolás Basay, el segundo sospechoso señalado como partícipe del ataque y cuya situación judicial aparece atravesada por un complejo escenario internacional.
Basay permanece detenido en Chile desde el 24 de enero del año pasado, luego de ser capturado en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas y portación de armas.
Esa detención, que en principio lo sacó del radar de los investigadores mendocinos que lo buscaban por el crimen del Pollo Valdivia, terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para avanzar con su traslado a la provincia.
Sobre él pesa un pedido de captura y una imputación directa como el conductor de la moto en la que se movilizaron los atacantes la tarde del 6 de marzo de 2024, cuando la víctima fue acribillada con 9 balazos mientras permanecía en silla de ruedas.
De acuerdo con fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal inició los trámites de extradición poco después de confirmarse su paradero. Sin embargo, el proceso quedó supeditado a la resolución de las causas que el joven enfrenta en el vecino país.
La normativa vigente establece que no puede ser trasladado hasta tanto no responda ante la Justicia chilena, lo que dilata cualquier definición. En ese contexto, los investigadores reconocen que el expediente en Mendoza difícilmente pueda avanzar sobre su responsabilidad penal en el corto plazo.
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La situación personal del sospechoso también sumó un dato llamativo en los últimos tiempos. Según confiaron fuentes del caso, la madre del joven, desesperada, se presentó en la Unidad Fiscal de Homicidios -la causa fue investigada por el ex fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello -actualmente adjunto de la Procuración- para que su hijo sea trasladado a Mendoza, con el argumento de que “no la está pasando bien” en el sistema carcelario chileno.
Ese planteo, sin embargo, no tiene incidencia directa en los tiempos judiciales, que dependen exclusivamente de las autoridades del país trasandino.
El nombre de Basay apareció desde el inicio de la investigación como una pieza clave en la reconstrucción del crimen. Testigos lo ubicaron junto al autor material del ataque, y fue el propio Valdivia quien, mientras agonizaba tras recibir nueve disparos en una gomería de calle Salvador Civit, alcanzó a señalar a su agresor.
Esa secuencia, sumada a registros fílmicos y otras pruebas recolectadas por la fiscalía, permitió identificar rápidamente a los dos sospechosos. De todas formas, siempre el Tatotito fue marcado por el autor de los disparos.
El asesinato de Valdivia se produjo en un contexto de enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcomenudeo en el oeste de Godoy Cruz. La víctima, de 24 años, era considerada uno de los principales vendedores de droga del asentamiento Campo Papa y arrastraba conflictos previos con integrantes de otros grupos.
Entre ellos, el propio Tatotito, con quien mantenía una disputa que se remontaba al menos a 2021, cuando fue baleado en un ataque que lo dejó en silla de ruedas.
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Para los pesquisas policiales, el homicidio fue la continuidad de esa escalada de violencia. La hipótesis de un ajuste de cuentas se sostuvo desde el primer momento y se fortaleció con el análisis del entorno de los implicados, todos vinculados a estructuras delictivas que operan en la zona.
En ese entramado, Basay fue señalado como parte de la denominada “pata juvenil” de esas organizaciones.
Así las cosas, Martínez admitió el ataque y la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo pactó la pena con la defensa y la jueza Mónica Romero lo terminó condenando a una pena de 10 años y 11 meses de prisión efectiva.